Junta de Protección respalda los derechos de los grupos vulnerables.

Ante las denuncias de intentos de desalojo en el cantón Santa Ana, la Junta de Protección de Derechos del cantón ha dispuesto una medida que prohíbe esta acción por parte de los arrendadores de viviendas y locales.

El documento explica que la medida se tomó en base a la Ley Humanitaria recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, que en su artículo 4 señala la suspensión del desahucio en temas de inquilinato.

En el caso de Santa Ana se conoció que los desalojos ocurridos en el cantón involucran niños, niñas y adolescentes, en algunos casos por desconocimiento de la Ley, según se informó.

Además, se indica en el documento, que desde el aspecto humanitario se afectan los derechos establecidos en la Constitución y las Leyes de familias que debido al confinamiento no pueden realizar labores que permitan llevar el sustento a la familia y los pocos ingresos que generan lo destinan a la alimentación.

Bajo este panorama se hizo necesario esta disposición que busca también exhortar a hacer un esfuerzo mancomunado dentro de una sociedad que se caracteriza por su solidaridad.

“Se deben encontrar mecanismos como acuerdos de pago, porque además, así se evita también que las familias desalojadas se expongan al contagio”, expresa el oficio.

La medida es de carácter obligatorio y se mantendrá en vigencia mientras dure la emergencia sanitaria; informó, los representantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Santa Ana.